"NATURALIZANDO LA CIUDAD" Jornada de anillamiento en "El Tomillo".

Apoyamos está nota de prensa: Las asociaciones ambientales responden a la Consejera de Agricultura y exigen a la Junta una rectificación en la gestión de los topillos

Las asociaciones ambientales del Programa Antídoto califican de carentes  de toda veracidad las declaraciones del cuatro de marzo pasado de la Consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, en las que acusa a los grupos ecologistas de haber realizado “presiones judiciales” en el tema de los topillos.  

Esta afirmación, sin aportar prueba alguna, resulta especialmente  grave  al venir  de una persona que ostenta responsabilidad en un cargo de Gobierno. Las ONG aclaran que se limitan a ejercer su  derecho a recurrir a los Tribunales ya que las administraciones no escuchan sus peticiones y siguen insistiendo en usar el veneno y las quemas aunque no sea necesario y sea incluso contraproducente.

Obviamente la  Consejera ha demostrado no entender que los ciudadanos y las asociaciones legalmente constituidas puedan ejercer sus derechos legales, y que entre las formas de actuar de las ONG no está la de presionar a los Tribunales. 

La Consejera también ha afirmado que  la declaración de plaga de topillos se basa en estudios rigurosos, sin embargo para las ONGs el informe pericial enviado por la Junta al Tribunal Superior de Justicia  y que éste ha tenido en cuenta para desestimar  la paralización cautelar del reparto de veneno,  no refleja la  realidad, continúa ocultando información precisa sobre los procedimientos que usa la JCYL para determinar cuando hay que actuar y no contesta a distintos aspectos clave de nuestra demanda. El informe de la Junta trata de convencer de la existencia de un riesgo catastrófico en las cosechas que no existe y que no ha existido nunca, no solo en Castilla y León, sino tampoco en los países de Europa donde las plagas de topillos son más fuertes y recurrentes desde hace décadas. La Junta incluso habla de daños causados por esta especie en cultivos donde no se han registrado nunca científicamente, usando bibliografía internacional que en realidad demuestra que esta especie solo causa daños de importancia económica relevante  en la alfalfa, ni siquiera en cereal.

La Junta tampoco es capaz de aportar datos que muestren que estamos en situación poblacional de plaga, Según los mapas de riesgo de la Junta, entre 2014 y 2016 solo ha habido riesgo alto para los cultivos de cereal en el verano de 2016, cuando paradójicamente,  en 2016 no ha habido ni una sola reclamación por daños de topillos, al contrario, ha habido una cosecha muy satisfactoria. Todo esto genera muy serias dudas  sobre  los criterios que está siguiendo realmente la JCYL para declarar que se necesita  poner  veneno.  Su afán por continuar ocultando información al respecto tampoco nos resulta nada tranquilizador y las declaraciones recientes de asociaciones de agricultores reconociendo que la actividad de los topillos se ha  reducido en el área más conflictiva (Tierra de Campos de Valladolid y Palencia) también muestran  que de nuevo se está cometiendo el mismo error de estos años atrás, es decir poner veneno cuando las poblaciones de roedores ya están reduciéndose por sí mismas. 

Afortunadamente, son cada más los agricultores responsables que no están usando el veneno en la medida que había calculado la JCYL. Las ONGs felicitan a estos agricultores por ello.

Por último, pero no menos importante, la Junta en su contestación al Tribunal Superior de Justicia tampoco responde a la pregunta clave de por qué sigue empleando un veneno tan peligroso y persistente como la bromadiolona, excluido del registro de productos fitosanitarios de Ministerio (MAPAMA), y para el que se ha otorgado autorización excepcional de uso, cuando existe autorizado un producto mucho menos peligroso. Para las ONG la respuesta es clara, la Junta  todavía tiene stocks de las toneladas de bromadiolona almacenadas en 2013  que solo fueron en parte utilizadas y por tanto está primando la cicatería  sobre la conservación del patrimonio natural de los ciudadanos de Castilla y León.

El movimiento ecologista continuará luchando por que Castilla y León se parezca a un país avanzado como Alemania, donde teniendo plagas de topillos recurrentes desde hace décadas, se ha prohibido hace ya años el uso de rodenticidas anticoagulantes  como fitosanitarios agrícolas por los riesgos que suponen para la fauna y el medio ambiente. En este sentido, y ante la aprobación de una orden que amplía en el espacio y en el tiempo el uso de rodenticidas, el programa Antidoto trabaja ya en ampliar sus demandas.

 

ASOCIACIONES AMBIENTALISTAS ADVIERTEN DE QUE EL MIRADOR DE LOS CORTADOS DEL PISUERGA ES INVIABLE

Para los ecologistas, el proyecto carece de toda viabilidad económica, legal y ambiental, resultando inapreciable su interés como elemento de dinamización socioeconómica y considerándose una actuación sin sentido, fuera de lugar y económicamente absurda

Afecta a un enclave natural de extraordinario valor faunístico caracterizado por una comunidad de aves rupícolas de muy elevado interés

Es incompatible con el Plan Especial de Protección del Medio Natural y Rural “Soto de Aguilarejo”, con el Plan Regional del Valle del Duero, ni con las Normas Urbanísticas Municipales de San Martín de Valvení.

 

La Asociación para la Conservación  y Estudio de la Naturaleza de Valladolid (ACENVA) , la Asociación Garrapinos, la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono - ARBA Valladolid y Ecologistas en Acción de Valladolid, se han dirigido mediante escrito formal al Consejero de Fomento y Medio Ambiente cuestionando la idoneidad y viabilidad del proyecto de mirador en los cortados de San Martín de Valvení, sobre el río Pisuerga, que ha sido anunciado en fechas recientes en la prensa local y regional, dentro de una serie de proyectos incluidos en el Programa de Infraestructuras Turísticas en Espacios Naturales de Castilla y León.

Para los ecologistas, el proyecto carece de toda viabilidad económica, legal y ambiental, resultando inapreciable su interés como elemento de dinamización socioeconómica y considerándose una actuación sin sentido, fuera de lugar y económicamente absurda. Conviene meditar dicha viabilidad antes de continuar con el proyecto, para que sus promotores no se embarquen en una actuación que, como consecuencia de la falta de viabilidad ambiental y económica, genere un rechazo social y origine unas injustificadas cargas a las arcas públicas.

El proyecto de mirador resulta incompatible con el Plan Especial de Protección del Medio Natural y Rural “Soto de Aguilarejo”, promovido por la Diputación de Valladolid y aprobado en el año 1989. Conforme a la normativa de dicho Plan, el emplazamiento se localiza en terrenos clasificados como “Área de Protección Absoluta”; en estas áreas no se permite “ningún tipo de edificación, construcción o vallado, sea cual fuere el motivo que la originara”. Tampoco la instalación del mirador es compatible con las prescripciones recogidas en el Plan Regional del Valle del Duero, que cataloga el emplazamiento como Corredor de Enlace dentro de la Red de Corredores Ecológicos del Territorio Duero, ni con las Normas Urbanísticas Municipales de San Martín de Valvení, que clasifican los terrenos afectados como Suelo rústico con Protección Natural y con Protección Cultural, no teniendo cabida el uso asociado al proyecto de mirador.

Otro aspecto no menos importante que a las asociaciones firmantes les resulta paradójico es que el proyecto, promovido por la Consejería que vela por el medio ambiente regional, afecte a un enclave natural de extraordinario valor faunístico, caracterizado por una comunidad de aves rupícolas de muy elevado interés. El proyecto originaría unas molestias inaceptables a las especies presentes, tanto en su construcción como una vez instalado. Se trata además de un enclave que se encuentra incluido en la Red Natura 2000. En concreto, el emplazamiento previsto para el mirador se encuentra incluido en las delimitaciones de dos espacios de esta red: la ZEC “ES4140082 Riberas del río Pisuerga y afluentes” y la ZEPA “ES0000220 Riberas del Pisuerga”. Conforme a los planes básicos de gestión y conservación de estos Espacios Protegidos Red Natura 2000, una estructura como la que se plantea daña el hábitat de cantil fluvial, pudiendo afectar a las poblaciones de las especies que justificaron la declaración de estos Espacios y su inclusión en dicha Red. Un análisis de las afecciones del proyecto a los valores presentes en el lugar permite concluir que el proyecto no es viable. Por el contrario, los ambientalistas consideran que los planes Red Natura 2000 incluyen distintas medidas de conservación que darían lugar a acciones de mejora ambiental que resultarían mucho más idóneas y útiles que el proyecto de mirador que se ha planteado.

Resulta también paradójico e incongruente que el objetivo que pretende el proyecto, la contemplación del paisaje del valle del Pisuerga, se pretenda conseguir a costa de provocar una importante alteración de un elemento paisajístico de muy elevado interés, como es el cortado fluvial, una pared natural originada por la erosión fluvial de más de 400 m. de longitud y unos 80 m. de altura, de tonalidades anaranjadas y blanquecinas, situada en la margen izquierda del río Pisuerga, formando parte del valioso paraje natural del “Soto de Aguilarejo”. El proyecto constituye una agresión arbitraria a un elemento natural muy frágil que altera gravemente el paisaje, que, supuestamente, es precisamente lo que se pretende poner en valor con el proyecto.

Los ecologistas advierten de que el proyecto no se justifica en términos de inversión económica, no habiéndose valorado otras alternativas. Resulta muy probable que el mirador proyectado apenas tuviera uso, convirtiéndose en una estructura semiabandonada, en progresivo deterioro y a expensas de actos de vandalización. Se considera que una inversión económica como la prevista para el mirador debería destinarse a actuaciones verdaderamente útiles y con alta aceptación social.

Además, el emplazamiento resulta geotécnicamente inapropiado, puesto que se trata de unos terrenos activos e inestables, en los que se puede apreciar que los desmoronamientos son periódicos y la erosión es constante, lo cual sólo podría solventarse con una alteración muy elevada de los terrenos que permitiera la cimentación de la estructura y consolidación de los terrenos, lo cual redundará en el presupuesto de la obra.

Finalmente, el emplazamiento afectaría al yacimiento arqueológico “Las Peñas”, elemento cultural que constituye un motivo más de valor del lugar y que forma también parte del paisaje que ha de ser valorado por el observador que lo contempla. Las obras asociadas al mirador y la propia presencia de esta estructura moderna impropia del marco escénico que se contempla suponen una alteración, directa o indirecta, de los valores arqueológicos del lugar y de la interpretación paisajística que permiten.

Las asociaciones firmantes solicitan a los responsables de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León que reconsideren la idoneidad de ejecutar el proyecto, fomentándose en su lugar otras actuaciones que resulten verdaderamente útiles para un desarrollo sostenible en la zona.

 

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